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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política

PLENO EN LAS CORTES DE Castilla-La Mancha: Aprueba cinco resoluciones en defensa del agua del Tajo, contra la ocupación ilegal de viviendas y para fortalecer el modelo de atención sociosanitaria

El Grupo Socialista ha promovido la aprobación de dos resoluciones, una de ellas en la que se define el Tajo como "un río exhausto" que "no da más de sí" y que explica que "el trasvase no puede ser una hipoteca".

08.07.2021

Política en Castilla-La Mancha

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  • Las Cortes regionales reafirman la necesidad de elevar el umbral mínimo para trasvasar, más caudales ecológicos y “criterios técnicos” en la planificación hidrológica.

  • Piden al Gobierno central más medios frente a la ocupación ilegal de viviendas y que adopte la propuesta de ley que el parlamento regional aprobó y le remitió en diciembre.

  • Apuesta por reforzar el modelo sociosanitario actual en respuesta a los restos planteados por la Covid-19 mediante las acciones incluidas en el Pacto por la Recuperación.

Las Cortes de Castilla-La Mancha han manifestado este jueves a través de la aprobación de cinco resoluciones de PSOE y Ciudadanos su posición en torno a los tres debates generales desarrollados en el Convento de San Gil, dos de ellas en defensa del agua del Tajo; otras tantas para fortalecer el modelo de atención sociosanitaria en respuesta a los desafíos que ha planteado la pandemia por Covid-19 y una más exigiendo medios y nueva legislación para combatir los episodios de ocupación ilegal de viviendas.

Atención a mayores y dependientes

En el Pleno ordinario celebrado este jueves -este mes de julio es hábil en el parlamento castellano-manchego- presidido por Pablo Bellido, las Cortes regionales han aprobado dos resoluciones en torno al debate que ha abierto la jornada, propuesto por Ciudadanos, sobre el modelo de atención a personas mayores y dependientes tras la crisis generada por la pandemia del coronavirus, una materia que ha contado con la intervención de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano.

En la ronda de votaciones han salido adelante las resoluciones propuestas por Ciudadanos -con la incorporación de una enmienda socialista- y del PSOE, en ambos casos con los 23 votos a favor de ambas formaciones. Esta última defiende el modelo actual, admite que la pandemia “ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar el modelo” y apuesta por hacerlo mediante el impulso a las medidas de refortalecimiento contenidas en el Acuerdo Político para la Recuperación que el Gobierno, el PSOE y Cs firmaron el 3 de junio de 2020. Así, insta a aumentar el número de personas beneficiarias del sistema de dependencia -casi 75.000 en la actualidad, cerca del doble que en 2015-; y aumentar los servicios de proximidad como la teleasistencia, la ayuda a domicilio, los programas de envejecimiento activo o la promoción de la autonomía personal.

PSOE y Cs están de acuerdo en mejorar la coordinación en respuesta a las necesidades de mayores y dependientes, “creando la figura del asistente personal que aúne ambas necesidades”. La resolución de la formación naranja añade la necesidad de favorecer la conciliación de las familias que tengan a su cargo personas mayores o dependientes; incrementar la oferta de ciclos formativos sobre cuidados a estas personas; y desarrollar en zonas despobladas mecanismos de acceso a la educación, la formación, el deporte y el ocio de personas mayores y dependientes. 

Ocupación ilegal de viviendas

El segundo punto del día ha consistido también en un debate general planteado por Ciudadanos, esta vez en relación con “el problema de la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha”, un punto que ha contado con la intervención del consejero de Fomento, Nacho Hernando, y que se ha resuelto con la aprobación de una resolución del PSOE que pide al Gobierno de España y a las Cortes Generales “adoptar el proyecto de Ley de Medidas Integrales para la protección del patrimonio inmobiliario, la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas”, que la propia asamblea castellano-manchega aprobó en su sesión del 17 de diciembre de 2020 como propuesta para legislar sobre la materia a escala estatal.

La resolución también reclama a la Administración central que aumente “los recursos materiales y humanos de las oficinas judiciales para contribuir a cumplir los plazos establecidos en las leyes de enjuiciamiento”; a la vez que al Gobierno regional le reclama “continuar trabajando en el desarrollo normativo del concepto de ‘vivienda deshabitada o desocupada’ para que los ayuntamientos puedan adoptar medidas que incentiven la puesta en el mercado de este tipo de viviendas, contribuyendo así a la lucha contra la ocupación ilegal”. Además, pide garantías y seguridad jurídica para quienes alquilen y vendan que posibiliten que haya más oferta de vivienda.

Defensa del agua del Tajo

El tercer debate general, en este caso propuesto por el Grupo Socialista, también se ha saldado con la aprobación de otras dos resoluciones, una de ellas de este mismo grupo, en la que se define el Tajo como “un río exhausto” que “no da más de sí” y que explica que “el trasvase no puede ser una hipoteca”. En este sentido, anima al Estado a “promover los cambios normativos y legislativos necesarios para conseguir una gestión adecuada de los ríos” y a buscar “una solución definitiva al trasvase”.

El Parlamento autonómico apoya así las iniciativas que está llevando a cabo el Gobierno regional -cuyo titular en materia de agua, Francisco Martínez Arroyo, ha intervenido desde la tribuna de oradores- para que tenga en cuenta a la cuenca cedente como “preferente” a la hora de promover el desarrollo rural, económico y social de la región y pide que inste al Ministerio de Transición Ecológica a que promueva el cambio legislativo correspondiente  que permita elevar, progresivamente el umbral mínimo no trasvasable de Entrepeñas y Buendía”.

En este contexto, insta al Gobierno de la región a que siga colaborando con el Gobierno central para derogar el Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, “que tanto daño ha hecho a la cuenca del Tajo”; “para que se modifiquen las reglas de explotación” del acueducto y para defender “la implantación de verdaderos caudales ecológicos” en el periodo de alegaciones del borrador de la nueva planificación hidrológica.  Además, muestra su respaldo a las demandas de los regantes de la cuenca del tajo, con alusión específica al Canal Bajo del Alberche.

La resolución de Ciudadanos -aprobada, como la socialista, con 23 votos favorables- exige al Gobierno central el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de 2019 y pone el énfasis en que el Plan de Cuenca que apruebe “garantice los principios de unidad de gestión y unidad de cuenca”, con la aplicación de “criterios eminentemente técnicos” y con coordinación entre los planes de las diferentes cuencas del país, a la vez que deja claro que “los hipotéticos excedentes deben determinarse una vez satisfechas las necesidades internas de la cuenca y los caudales mínimos ecológicos, sin reserva adicional alguna”.

Además insiste en realizar inversiones para modernizar regadíos y para mejorar la regulación de caudales en tiempos de mayores aportaciones, así como “racionalizar la gestión de los acuíferos” y aplicar nuevas tecnologías de mejora de la calidad y técnicas de optimización y eficiencia de usos hídricos.

Rechazadas dos PNL

En la ronda de votaciones han quedado rechazadas por 14 votos a favor y 19 en contra las dos proposiciones no de ley (PNL) del Grupo Popular, sobre listas de espera y un nudo logístico intermodal en Albacete para el sureste español, así como el resto de resoluciones propuestas por los grupos de la oposición.

Ya en el bloque de control al Gobierno, los consejeros de Sanidad, Jesús Fernández, y de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, han respondido a preguntas de los grupos relativas al nivel de deuda en la región y la campaña de prevención y extinción de incendios (por parte del PP), las variantes identificadas de Covid-19 en la región y las Lagunas de Ruidera (de Cs).

El Gobierno regional pondrá en marcha un protocolo contra la ocupación ilegal

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha un protocolo general de actuación de las administraciones públicas de Castilla-La Mancha en favor de la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal.

Así lo ha indicado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en el pleno de las Cortes durante el Debate General sobre el problema de la ocupación de viviendas en Castilla-La Mancha presentado por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Concretamente, ha avanzado que este protocolo se basa en pedir al Gobierno de España que apruebe la PNL contra la ocupación que se aprobó en las Cortes, establece acciones para movilizar la vivienda vacía o regular el concepto de vivienda deocupada con carácter permanente como requisito previo para que las entidades locales incluyan gravámenes en el IBI a las viviendas de grandes tenedores.

También solicita al Gobierno que garantice la seguridad aumentado la presencia policial, establece un registro de viviendas vacías, que los servicios sociales intervengan para estudiar los casos de las familias con necesidad habitacional, potenciar las oficinas de vivienda, incentivos fiscales en municipios donde exista alta demanda de vivienda, baja oferta y una alto novel de ocupación, que la Junta siga con su compromiso de políticas de acceso al alquiler y vivienda y que se hagan efectivos los acuerdos alcanzados con la Sareb.

ORDEN DE ALQUILER CON GARANTÍAS ESPECIALES

Durante su intervención, Hernando también ha avanzado que la Junta prepara una orden de alquiler con garantías especiales, que ya se está tramitando, con la que incentivará a los pequeños propietarios para que puedan ofertar su vivienda en alquiler a un precio asequible pero con garantías.

Hernando ha concretado que la Junta no está a favor de regular la limitación de los alquileres en Castilla-La Mancha y que considera "mucho más útil y progresista" plantear incentivos para que voluntariamente los particulares puedan poner un piso en alquiler a un precio asequible.

Todo ello, ha añadido el titular de Fomento, sabiendo que la administración les va a pagar el seguro de desperfectos, un seguro por impago y un seguro que les garantiza defensa jurídica "si las cosas van mal".

CRÍTICA AL PP

Durante su intervención, el consejero ha cargado contra el PP por criticar que la Junta vaya a definir y crear la figura de vivienda vacía y que los alcaldes puedan grabar con más IBI a los grandes tenedores y se pueda combatir así la ocupación ilegal.

Hernando ha aclarado al PP que cambiar el concepto de vivienda vacía es algo que le han pedido a la Administración regional los alcaldes de Castilla-La Mancha que no tienen herramientas para combatir este problema y viven situaciones "tan lamentables" como que estén siendo amenazados de muerte.

Es por ello por lo que ha señalado que decirles a los grandes tenedores que tengan que pagar un IBI mayor para que denuncien la ocupación y que el PP lo critique "es que quieren ser cómplices de ellos", ha dicho, acusando a los 'populares' de mentir y desinformar.

En este punto, ha lamentado que los 'populares' pongan "el grito en el cielo" por una tasa a los fondos buitre y aplaudan las tasas para personas con discapacidad y dependientes. "Ese es el PP de Castilla-La Mancha", ha dicho, para concluir que el Gobierno regional defiende a las personas.

"UN PROBLEMA GRAVE"

Durante el debate, el diputado de Cs Javier Sevilla ha indicado que la ocupación es un problema grave y ha advertido al Gobierno regional que todas las soluciones que se lleven a cabo deben tener una dotación presupuestaria detrás, pese a que señalado que la política de incentivación de la Junta "es el camino correcto".

La resolución del partido naranja pasa por firmar con los colegios de abogados y procuradores un convenio para que generen equipos especializados en el problema de la ocupación, realizar con las entidades locales y la Delegación del Gobierno un plan contra la ocupación de viviendas, penalizar a quienes han sido condenados por ocupación a no poder acceder a los programas de carácter autonómico de desarrollo del Plan de Vivienda y establecer un plan de vivienda social.

Desde el PP, la diputada María Roldán ha criticado al consejero de Fomento por "ponerse el traje de Robin Hood" para tapar "el desastre" de su gestión al frente de la Consejería, señalando que la Junta "rehuye" dar soluciones a un problema "real" que hay en la región y que el PP no permitirá que se suban los impuestos "a los de siempre".

CONTRA EL CAMBIO DE LA VIVENDA VACÍA

La resolución de los 'populares' pasa por su posición a incorporar un cambio normativo en la Comunidad Autónoma para definir y crear la figura de vivienda vacía, como forma de dar herramientas a los alcaldes para que puedan gravar con más IBI y más tasas a esas viviendas que llevan tanto tiempo sin estar al servicio de la gente y rechazan toda justificación o medida de apoyo al denominado movimiento "okupa".

Finalmente, la diputada del PSOE Charo García Saco ha señalado durante su intervención que el cambio en el concepto de vivienda vacía es necesario para que los ayuntamientos, de manera voluntaria, puedan subir el IBI a los grandes tenedores de vivienda vacía y ha defendido que el Gobierno regional tiene "tolerancia cero" con la ocupación.

La resolución de los socialistas pasa por continuar trabajando en el desarrollo normativo del concepto de vivienda deshabitada o desocupada para que los Ayuntamientos puedan adoptar medidas que incentiven la puesta en el mercado de este tipo de viviendas, contribuyendo así a la lucha contra la ocupación ilegal o seguir apostando por políticas que contribuyan a incrementar la oferta de vivienda en Castilla-La Mancha.

El PSOE tiene como objetivo mejorar los servicios asistenciales y dotarles de presupuesto

En su resolución, Ciudadanos insta al Gobierno regional a integrar la asistencia sanitaria y social de tal manera que se supere la dicotomía y falta de coordinación actual que dé respuesta a las necesidades de las personas mayores y dependientes creando la figura del asistente personal que aúne ambas necesidades, así como incrementar la oferta de ciclos formativos relacionados con el cuidado de personas mayores y dependientes en su hogar.

El PP, por su parte, pide aumentar el número de viviendas tuteladas en zonas rurales donde la población está especialmente envejecida, así como a impulsar las mini-residencias, cuya fórmula de gestión permite un trato y entorno próximo y familiar, con especial atención a las zonas rurales.

Por parte del PSOE ha tomado la palabra el diputado Pablo Camacho, quien ha asegurado que el modelo de atención a las personas mayores y dependientes "nos debe preocupar a toda la sociedad" aunque solo sea porque "tarde o temprano todos y todas seremos mayores y necesitaremos algún tipo de recurso o de apoyo".

Camacho considera que el PSOE y Ciudadanos coinciden en ir a un modelo de atención centrado en la persona. "Nosotros los socialistas apostamos no solo por reformular el modelo de atención a las personas mayores y en situación en dependencia, sino que además preferimos añadir que lo vamos a mejorar, ampliar y dotar presupuestariamente".

El PP muestra su rechazo a las macro residencias 

la diputada regional del PP Gema Guerrero ha apostado por un cambio de modelo residencial para que las personas mayores tengan una atención "más personalizada y familiar" construyendo más residencias en el entorno rural y dejando atrás el modelo de "macroresidencias".

De esta manera, ha señalado que la Junta debe impulsar servicios complementarios de proximidad, coordinar otros servicios o actividades , por supuesto, apoyar y coordinar los equipos profesionales con programas de envejecimiento activo, programas encaminados a la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, así como la teleasistencia y la ayuda a domicilio.

También, ha solicitado al Gobierno regional que el programa de ayuda a domicilio sea "reforzado", ya que es fundamental para las personas con necesidades de apoyo social y que puedan así permanecer el mayor tiempo posible en su domicilio y en su entorno social habitual.

CS anuncia que presentará una Ley de Mayores 

La presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, ha anunciado que la formación naranja presentará, al inicio del próximo curso político, una ley de mayores que suponga, entre otras cosas, "una notable mejora" del actual modelo de residencias, que "ha colocado a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con mayor porcentaje de centros sancionados durante los últimos seis años, un 54 por ciento". "Hay más residencias sancionadas que sin sancionar", ha lamentado Picazo.

Por ello ha criticado la labor de la anterior consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, "premiada" recientemente con un puesto como senadora "pese a su nefasta gestión". "Parece ser que con este presidente la mala gestión tiene recompensa", ha lamentado Picazo, aseverando que "en todo caso ni la exconsejera ni ningún otro responsable político se van a librar de dar las debidas explicaciones sobre su gestión de la crisis sanitaria", en referencia a la comisión de estudio sobre el COVID, "impulsada a iniciativa de Ciudadanos".

La formación naranja llevará a las Cortes, tal y como ha anunciado Picazo en el pleno de este jueves, una proposición de ley que facilite la atención sociosanitaria a los mayores en su propio hogar. Para ello, Ciudadanos propone potenciar la figura del asistente personal, "que ha de tener un perfil sociosanitario real". Asimismo, la diputada ha abogado por la implicación de los ayuntamientos "en un sistema asistencial único" y por reforzar el apoyo institucional a las entidades sociales englobadas en el llamado Tercer Sector.

Se abre la convocatoria del Programa de Termalismo Social para 2021

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha anunciado que este viernes se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la convocatoria para el año 2021 del Programa de Termalismo Social de la región.

Así lo ha avanzado la consejera durante su intervención en el pleno de las Cortes autonómicas donde este jueves se debate sobre la necesidad de reformular el modelo de atención sociosanitaria en relación con la atención a las personas mayores y en situación de dependencia tras la crisis generada por el COVID-19, a petición de Ciudadanos.

García Torijano ha explicado que, bajo el Programa de Termalismo Social, la Junta persigue el objetivo de ofrecer a todas las personas mayores un servicio de promoción de la salud y atención y prevención de la dependencia, contribuyendo adicionalmente al desarrollo económico y la estabilidad del empleo en Castilla-La Mancha a través de la colaboración de la red de balnearios de la región.

Estas y otras actividades se han puesto en marcha en coordinación con los centros de mayores que se están reactivando progresivamente durante este año, ha aseverado la consejera castellanomanchega.

Asimismo, ha dicho que el Gobierno regional está inmerso en un "ambicioso" plan de inversiones gracias al cual los más de 114.000 socios y socias disfrutarán de un nuevo paradigma de atención integral en sus centros. También ha manifestado que se están modernizando los 46 centros de mayores, al tiempo que ha explicado que se está reduciendo la brecha digital de los mayores.

Igualmente, ha indicado que se está desarrollando un nuevo decreto del estatuto de los centros de mayores que actualiza la norma de 1997 y que servirá para redefinir de la mano de los profesionales las líneas de intervención en materia de programa en atención a los mayores.

Además, la consejera ha indicado que el Gobierno trabaja con el horizonte de desarrollar una teleasistencia avanzada "con más atención personalizada y con cuidados". Es así que el Ejecutivo castellanomanchego va a invertir 12,5 millones de euros en implantar un plan de telecuidado avanzado que permitirá conectar a las personas mayores con su cuidador o cuidadora de referencia y se hará extensible a sus familiares a través de las tecnologías.

Sobre las residencias de mayores, la consejera de Bienestar Social ha recalcado que el pasado 25 de junio se inició el trámite de información pública del proyecto del decreto por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención especializada destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. Un trámite que estará abierto hasta el 23 de julio.

"Un cambio normativo que vendrá de la mano del necesario consenso con todos los actores implicados", ha defendido la consejera, quien ha sentenciado que se realizan cuantas inspecciones hacen falta para garantizar que las residencias sean espacios seguros. Concretamente, ha aseverado Bárbara García, en 2020 se realizaron 853 inspecciones, 329 dentro del plan extraordinario de inspección por la COVID-19.

 

Dependencia, okupas, río Tajo, listas de espera y nudo logístico de Albacete, a debate

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebran este jueves un pleno ordinario con seis puntos en el orden del día, en el que se incluyen tres debates generales sobre atención a la dependencia, ocupación de viviendas y la situación del río Tajo y dos proposiciones no de ley sobre listas de espera y el nudo logístico de Albacete, un programa de iniciativas que se completa con la formulación de cinco preguntas orales al Gobierno por parte de los grupos de la oposición.

Abrirán la sesión dos debates generales propuestos por el Grupo de Ciudadanos, el primero de ellos sobre la reformulación del modelo de atención sociosanitaria en relación con la atención a las personas mayores y en situación de dependencia tras la crisis generada por el COVID-19, y el siguiente en relación con la ocupación ilegal de viviendas.

El tercer punto será también un debate general, en este caso propuesto por el Grupo Socialista, que abordará la situación actual del río Tajo.

Dos proposiciones no de ley (PNL) propuestas por el Grupo Popular completan las iniciativas a debate, una de ellas sobre las listas de espera sanitarias y otra más sobre la conversión de Albacete en nudo logístico intermodal para el sureste español tanto por carretera como por ferrocarril.

Por último, las cinco preguntas de los grupos de la oposición al Consejo de Gobierno versan sobre comercio textil, deuda de la región y campaña de prevención y extinción de incendios, por parte del PP, y variantes de COVID y las Lagunas de Ruidera, por parte de Cs.

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