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Cinco mentiras de la derecha sobre la Ley Celaá

Ni el castellano desaparece de Cataluña, ni los colegios de educación especial cierran, ni se cargan la religión, ni eliminan la escuela concertada.

22.11.2020

Política en Castilla-La Mancha

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La ley Celaá ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados con mayoría absoluta y con la concertada manifestándose, pese a la pandemia, a sus puertas, con la tolerancia que no tuvieron otras manifestaciones. Previamente, la Comisión de Educación aprobaba la nueva Ley con la oposición de PP, VOX y Ciudadanos, aprobación ratificada por la mayoría absoluta del Congreso en medio de la algarada y las mentiras de las derechas, que anuncian el fin de la educación especial o de los centros concertados.

Pero, ¿son ciertas las polémicas sobre la nueva ley de educación? Desenmascaramos las cinco mentiras de las derechas sobre la ley Celaá: ni el castellano desaparece de Cataluña, ni los colegios de educación especial cierran, ni se cargan la religión, ni eliminan la escuela concertada.

El castellano no se elimina

Aclaramos qué ocurre exactamente con el castellano. Lo cierto es que no desaparece, lo único que cambia de la ley Wert respecto a la ley de Celaá es un párrafo: se elimina que se trata de la "lengua oficial del Estado", pero se añade que se aplica "de conformidad con la Constitución Española".

De hecho, en Cataluña llevan décadas con ley inmersión lingüística, aprobada por el Tribunal Constitucional. La Justicia obliga a salir de la educación obligatoria con las dos lenguas controladas y, a pesar de que hay informes contradictorios, lo importante es que si no se lograba antes ahora tampoco, porque esta ley no cambia nada.

Los centros de educación especial no cierran

La segunda mentira es que los colegios de educación especial cierran, pero es completamente falso. Lo cierto es que la ley Celaá propone destinar más dinero a los colegios públicos para que puedan ofrecer ese servicio a los padres que lo soliciten, por lo que los centros especiales no serán la única opción.

Una reforma que sigue la línea de lo que se recomendó a España en 2018. Por aquel entonces, la ONU acusó a España de discriminar a los niños con necesidades especiales y recomendó incluirlos en la educación ordinaria.

Esta cuestión genera división entre los padres. Algunos apuestan por la vía de pasar al alumnado con necesidades especiales a la educación ordinaria y otros consideran que están mejor en los centros privados. Estos últimos temen que si hay un trasvase masivo a lo público los centros especializados no sean viables.

La verdad sobre la religión

No es cierto que la religión se suprima de la educación, pero sí hay un cambio importante, y es que la Ley Celaá no la considera evaluable; es decir, ninguna de sus notas contará para la media o para pedir una beca.

Aun así, quien quiera estudiar religión podrá hacerlo. El concordato firmado con el Vaticano en 1979 sigue vigente, y los colegios tienen que ofrecer la asignatura para quien la quiera cursar.

La escuela concertada seguirá existiendo

Otra de las mentiras esgrimidas tiene que ver con la escuela concertada. No es cierto que se elimine esta modalidad, aunque hay cambios en la Ley respecto a ella. La Ley Celaá propone que las cuotas voluntarias no existan, evitando así que los colegios concertados bloqueen el acceso de alumnado con bajos recursos.

El objetivo es que cualquier alumno pueda ir a un colegio concertado aunque sus padres no tengan dinero. Sin embargo, los colegios concertados temen que ese cambio les deje sin ingresos.

Según un informe encargado por la Confederación Española de Asociaciones de Padres, el 90% de 336 colegios concertados encuestados cobran una cuota, la mitad de ella era obligatoria, lo que supone una media de 255€ al mes por alumno.

Seguirá habiendo segregación pero no en la concertada

Tampoco es cierto que la Ley Celaá vaya a acabar con la segregación entre niños y niñas. La Ley no lo prohíbe en la enseñanza privada pero si es taxativa con la escuela concertada que se financia con dinero público. Si hay dinero público no podrá haber segregación y los centros concertados tendrán la opción de elegir entre segregación o fondos públicos.

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